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18 entidades cuestionan el impuesto cripto de Illinois

Una coalición de 18 empresas y organizaciones del sector de los criptoactivos presentó el 12 de noviembre de 2026 un escrito ante un tribunal de Illinois para apoyar las demandas contra el nuevo impuesto estatal sobre activos digitales.

Actualizado 2026-11-12 · 22:44

Entre los participantes figuran Andreessen Horowitz, Uniswap, Paradigm y DeFi Education Fund. No han presentado una demanda nueva, sino un escrito de apoyo jurídico a los procedimientos ya abiertos.

La ley, aprobada en junio, establece un impuesto del 0,2 % sobre el valor de los activos digitales involucrados en determinadas operaciones de intercambio, transferencia o custodia1. No grava únicamente los beneficios, por lo que puede aplicarse incluso cuando una operación no genera ganancias.

Las organizaciones sostienen que la norma utiliza definiciones demasiado amplias y podría afectar a desarrolladores de software y proveedores de servicios sin custodia. Argumentan que estos no controlan los fondos de sus usuarios y, en algunos casos, carecen de los medios necesarios para calcular, recaudar o ingresar el impuesto.

La legislación también contempla un umbral de 100.000 dólares de ingresos brutos procedentes de clientes de Illinois para determinados proveedores que operan desde fuera del estado. No se trata de una exención general para todas las empresas pequeñas.

El impuesto debía comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027, pero un tribunal autorizó aplazar su aplicación hasta el 1 de julio mientras continúa el litigio. La suspensión no anula la ley ni supone que los tribunales hayan aceptado los argumentos de los demandantes.

Por qué importa

Desarrollar una wallet2 no equivale a controlar los bitcoin de sus usuarios. El litigio plantea hasta dónde pueden extenderse las obligaciones fiscales de quienes proporcionan herramientas para operar con activos digitales sin custodiar los fondos. También muestra la diferencia entre gravar una transacción y gravar el beneficio obtenido.

Notas

  1. Custodia: Responsabilidad y capacidad de controlar las claves que permiten gastar unos fondos. Ver en el glosario ↩
  2. Wallet: Programa o dispositivo que ayuda a generar y administrar claves, crear direcciones, consultar fondos y firmar transacciones. Ver en el glosario ↩

Actualización · 12 de noviembre

EE. UU. cuestiona el impuesto cripto de Illinois

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 6 de noviembre de 2026 una declaración de interés ante un tribunal de Illinois para cuestionar el impuesto estatal del 0,2 % sobre determinadas operaciones con criptoactivos, según informó Decrypt el día 12.

El Gobierno federal sostiene que la medida discrimina a los activos digitales frente a otros instrumentos financieros y entra en conflicto con la política federal sobre este sector. Se trata de argumentos jurídicos presentados al tribunal, no de una resolución judicial.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y SIFMA, organización que representa a bancos, intermediarios y gestoras de inversión, también respaldaron las impugnaciones mediante un escrito conjunto publicado entre el 6 y el 9 de noviembre. Cuestionan su compatibilidad con la legislación federal que prohíbe determinados impuestos discriminatorios sobre el comercio electrónico y con las limitaciones constitucionales a la tributación estatal.

Estas intervenciones se suman al escrito de las 18 organizaciones del sector cripto del que informamos anteriormente. Aquellas entidades cuestionaban especialmente las obligaciones que la ley podría imponer a desarrolladores y proveedores de software sin custodia.

El impuesto sigue suspendido hasta el 1 de julio de 2027 mientras continúa el litigio. Ninguno de estos escritos anula la ley ni obliga al tribunal a aceptar los argumentos de sus autores.

El conflicto fiscal de Illinois ya va más allá del sector cripto. La intervención del Departamento de Justicia y de organizaciones financieras tradicionales amplía el debate sobre los límites de los impuestos estatales aplicados a activos digitales. La decisión judicial determinará si la norma puede aplicarse en su forma actual.

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